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La jueza del referéndum del 1-O procesa a los directores de TV3 y Catalunya Ràdio

Vicent Sanchis y Saül Gordillo fueron llamados a declarar en calidad de investigados el pasado mes de diciembre.

Por RedacciónPublicado: Martes 9 Abril 2019 11:20 | Última actualización: Martes 9 Abril 2019 19:10

La jueza que instruye la macrocausa sobre la preparación del referéndum del 1-O en Cataluña ha cerrado la instrucción del caso, dictaminando auto de procesamiento contra 30 altos cargos de la comunidad, entre los que se encuentran el actual director de TV3, Vicent Sanchis y el director de Catalunya Radio, Saül Gordillo.

Vicent Sanchis y Saül Gordillo

Vicent Sanchis y Saül Gordillo

Ambos fueron llamados a declarar en calidad de investigados por el juzgado número 13 de Barcelona el pasado mes de diciembre. La fecha de la citación fue el 23 de enero y este 9 de abril se conoce la resolución de la juez: ambos son procesados por el delito de desobediencia. La presidenta de la Corporación Catalana de Medios audiovisuales, Núria Llorach, también ha sido procesada por el mismo delito.

De los 40 investigados, 30 han sido procesados por delitos de malversación, desobediencia, falsedad documental, revelación de secretos y prevaricación. Entre ellos se encuentran el secretario general del Departament de Presidència de la Generalitat, Joaquim Nin Borreda (malversación, desobediencia y prevariación) ; el director general de Comunicació del Govern de la Generalitat, Jaume Clotet Planas (malversación) y el exdirector de la delegación del Govern de Catalunya a la UE, Amadeu Altafaj Tardio (malversación y prevaricación).

Causas archivadas y una fianza

La magistrada, en cambio, ha decidido archivar la causa contra el ex senador de ERC Santi Vidal y el arquitecto jurídico del procés, Carles Viver i Pi Sunyer. Tampoco se ha pronunciado sobre el aforado Lluis Salvadó, exsecretario de Hacienda. Para todos aquellos que han sido procesados por malversación, la jueza ha impuesto una fianza por responsabilidad civil solidaria de casi seis millones de euros, que sería el equivalente a todos los gastos públicos del referéndum declarado ilegal.

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