La normativa, publicada en el BOE del pasado 13 de abril, obliga por una parte a los propietarios de las instalaciones a contratar a empresas instaladoras de telecomunicaciones homologadas por la SETSI para la realización de estas adaptaciones, y por otra, obliga a las empresas a entregar tanto a la propiedad como a las Jefaturas Provinciales de Inspección de Telecomunicaciones, un Boletín de Instalación de Telecomunicaciones y un Protocolo de Pruebas que refleje la intervención realizada.
Su finalidad es dar garantía al consumidor ante futuras reclamaciones, ante la aparición de algunos instaladores "pirata", según explica FENITEL, y controlar además el ritmo que sigue el proceso de adaptación. Además, se prevé incorporar a estos documentos, para agilizar su trámite, el uso de la firma electrónica para su tramitación telemática -por Internet- con la Administración.
El ritmo de adaptación máxima es de 1.000 comunidades diarias en toda España, según la asociación, que integra a más de 1.200 empresas en toda España.
