El Tribunal Constitucional ha admitido un recurso del PSOE en contra de la norma que autorizó a nombrar, sin pasar por las Corts Valencianas, a nuevos dirigentes de la Radio Televisión Valenciana y su posterior cierre, según informa El Economista. El pleno analizará en "próximas fechas" el fondo del recurso pero no paralizará el cierre de la cadena pública. Además, el Constitucional ha dado traslado de la reclamación al Congreso, Senado y Gobierno para que se personen en el procedimiento.
Dicho recurso fue presentado por el Partido Socialista el 14 de noviembre alegando "ilegalidad" al Decreto Ley (5/2013, de 7 de noviembre) por el que se modificaba tres artículos del Estatuto de RTVV. Uno de ellos, autorizaba a cambiar la dirección del ente valenciano de forma rápida tras la dimisión de la hasta entonces directora del ente, Rosa Vidal. Los socialistas manifiestan que este decreto incitó al cierre del canal valenciano de forma "dictatorial" por parte del Gobierno valenciano.
Alberto Fabra, presidente de la Generalitat valenciana
Hasta ese momento, las Corts formaban parte del control de la sociedad pública y eran ellas las encargadas del nombramiento de los ocho consejeros que además debían ser personas con experiencia y con méritos profesionales relevantes. Después de este cambio, el Consell argumentó que ante "la imposibilidad de proceder de forma inmediata a la renovación de cargos, se requería la adopción de medidas urgentes que asegurasen la administración de la mercantil pública y el restablecimiento del normal funcionamiento público".
El PSOE cree que viola la Constitución
Lo socialistas, de la mano de su portavoz, Soraya Rodríguez, alegaron que el decreto ley presentado por la Generalitat iba en contra del artículo 6.1 de la Constitución española que establece que las condiciones para que se pueda dictar un decreto ley son razones extraordinarias y de urgente necesidad, según informa este portal. "Urgencia" que el grupo socialista no ve fundamentada. Además, admiten que se trata de una vulneración del artículo 20 de la Constitución en el que se dice que es necesario el control parlamentario de todos los medios públicos de comunicación.
