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OTRO ESCÁNDALO

La "Tele-Cospe" dirigida por Ignacio Villa perdonó 89.000 euros a una constructora

El exdirector del ente público decidió condonar las sanciones que debía entregar a la Junta la constructora por el retraso en las obras.

Por RedacciónPublicado: Domingo 24 Julio 2016 12:35 | Última actualización: Domingo 24 Julio 2016 12:35

La nueva dirección de Castilla-La Mancha Televisión se ha dirigido al Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para consultar la posibilidad de reclamar 90.000 euros a una constructora por una deuda que perdonó la anterior dirección de la cadena, con Ignacio Villa al frente.

El último agujero descubierto en RTVCM salpica a Nacho Villa, exdirector del ente público durante el último Gobierno de María Dolores de Cospedal. Según informa la Cadena Ser, Villa decidió condonar las sanciones que debía entregar a la Junta la constructora por el retraso en las obras.

Una cláusula del contrato con la constructora estipuló que la empresa adjudicataria tendría que pagar 1.850 euros por cada día de retraso en la finalización de las obras. Un trabajó que se terminó tres meses más tarde de los inicialmente acordado y que supuso una sanción total de 89.184 euros.

Nacho Villa

Nacho Villa

La "Tele-Page" está también cuestionada

Los representantes de los trabajadores de la TVCM han mostrado recientemente su "preocupación por ciertas prácticas" que se producen en los informativos de la cadena local, muy alejadas del "paradigma de una televisión seria y plural". Unas malas praxis que recuerdan mucho a la etapa de Nacho Villa (durante el Gobierno de Cospedal), antigua mano derecha de Federico Jiménez Losantos durante su paso por la Cope y que ha sido acusado de malversación de fondos públicos.

El Comité de Empresa de Castilla-La Mancha Televisión ha elaborado un duro comunicado en el que denuncia que la propia dirección de Informativos "ha llegado a sentarse a escribir las noticias con los redactores" (una práctica habitual durante el periodo de Nacho Villa). Los trabajadores han acusado a los directivos del ente público de recurrir a personas "en situación laboral precaria y sin licenciatura en Periodismo para reemplazar a los editores recientemente destituidos". Un método que han utilizado para poder "presionar a los más vulnerables en el tratamiento de determinadas informaciones".

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