La Junta de Andalucía oculta la venta de la sede de Canal Sur a su consejo de administración y empleados

La Junta de Andalucía ha puesto en venta la sede de Canal Sur Televisión ubicada en Sevilla. Este edificio, que ha albergado tradicionalmente los principales platós y oficinas desde los inicios de la cadena, pertenece a la dirección general de Patrimonio de la Junta después de que ésta la adquiriera tras la cesión de TVE.

Esta propiedad es uno de los setenta y cinco inmuebles que la administración andaluza ha decidido poner en venta para embolsarse alrededor de 300 millones de euros. Pero esta decisión se ha tomado al margen de la dirección de RTVA y sus trabajadores, según publica El Economista.

A finales de enero, la Junta hizo pública la lista de propiedades que vendía, mientras que en la sede de la televisión autonómica se mantenían ajenos a la noticia. En cualquier caso, la consejería de Hacienda ha señalado que no es la primera vez que la sede de Canal Sur se pone a la venta, ya que anteriormente se ha intentado hasta en dos ocasiones.

Según el citado portal, fuentes cercanas al consejo de administración de la empresa pública han recibido la noticia con sorpresa. En este sentido, cabe destacar que la Junta o la propia RTVA tendrían que hacer frente a un alquiler por el uso de las instalaciones de ejecutarse la venta.

En el primer caso, el pago de esta cantidad tendría que sumarse a los 138 millones de euros que el gobierno andaluz cede cada año a la cadena autonómica. En el segundo caso, no haría más que agravar la situación por la que atraviesa la televisión y la radio regional, que cerró 2013 con un déficit de 26 millones de euros.

Canal Sur ya intentó desprenderse de algunos inmuebles para cancelar su deuda

En 2012, RTVA puso en venta algunas de sus propiedades, entre las que están la sede corporativa en la Isla de la Cartuja (Sevilla) y las de cada una de las delegaciones provinciales. Esta operación fallida se propuso en un intento de ingresar hasta 20 millones de euros. Aquella decisión, al contrario que la tomada por la Junta de Andalucía, sí se comunicó a los sectores afectados.