RESOLUCIÓN

La Audiencia Nacional desestima la denuncia de Telecinco a RTVE por la puja de los derechos de la UEFA

La cadena privada acusó en 2011 a la Corporación de haber incumplido la ley por presentar una sobrepuja.

Por Redacción El 9 de Abril 2014 | 15:48

La Corporación RTVE tiene permitido el acceso a contenidos de alto valor comercial, siempre que los mismos no sean incompatibles con su misión de servicio público. Así lo ratifica la Audiencia Nacional al desestimar en una sentencia dictada el pasado 21 de marzo el recurso de Gestevisión Telecinco contra una resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información que archivaba su petición de que RTVE retirase la oferta presentada para la adquisición de los derechos de emisión televisiva de la Liga de Fútbol de Campeones organizada por la UEFA para las temporadas de 2012 a 2015.

La sentencia de la Audiencia Nacional señala que tampoco se prohíbe 'pujar' sino solo sobrecotizar o sobrepujar, en el sentido que viene dando la Comisión Europea a este concepto.

La sentencia indica que RTVE puede concurrir a la subasta de los derechos del fútbol y que, aunque esta tenga un alto valor comercial, no resulta incompatible con la misión de servicio público, coincidiendo con su alto interés deportivo y su evidente interés para la sociedad.

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Telecincó denunció a RTVE por un supuesto incumplimiento de la ley

Telecinco presentó en febrero de 2011 ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, un escrito por el que denunció a RTVE y solicitó la retirada de la oferta que presentada para la adquisición de derechos de emisión de los partidos en abierto de la Liga de Campeones para las temporadas comprendidas entre 2012 y 2015.

A juicio de la cadena privada, RTVE incumplió la Ley 8/2009 de Financiación de RTVE y la Ley General de Comunicación Audiovisual al presentar hasta una segunda oferta para la adquisición de estos derechos a sabiendas de que otros operadores privados habían presentado igualmente propuestas para su adquisición.

En cualquier caso, la justicia ha dado ahora la razón a la empresa pública, que dice "ajustarse a la ley" y únicamente atiende a cumplir con su "obligación de servicio público" al emitir acontecimientos deportivos de "interés general".