El expediente de regulación de empleo (ERE) de RTVE que en 2007 se saldó con 4.150 trabajadores despedidos podría haber incurrido en un delito de prevaricación según aprecia el Tribunal de Cuentas. Según el informe al que ha tenido acceso El País, la razón sería que cuatro miembros de la comisión negociadora del despido colectivo estaban afectados por el recorte, por lo que habría "un posible conflicto de intereses".
El ERE permitió a los empleados de más de 52 años jubilarse con el 92% del salario neto, lo que provocó que más de 3.300 trabajadores afectados recurrieran a la justicia. Ahora, el informe tacha de "excesivo" el método de cálculo de las retribuciones del ERE. El despido colectivo adopotado durante el mandato de Carmen Caffarel costará a las arcas públicas 1.722 millones hasta 2022
A pesar de que el Tribunal de Cuentas admite que los trabajadores acogidos al despido cumplían "los requisitos necesarios", critica que el ente público convirtiera en fijos a 866 empleados frente a los 450 previstos. Además, el "58% de ellos no reunían los requisitos" pues 39 trabajadores eran mayores de 50 años y seis superaban los 60.
Sanear el organismo público
La mala situación que atravesaba RTVE llevó al organismo a buscar una solución. Así, presentó el tijeretazo como una salida para reducir costes pues a partida de personal se llevaba el 30% de los gastos. Los últimos prejubilados dejaron su puesto de trabajo en 2008.
Con una deuda que alcanzaba los 8.000 millones, se llegó a esta solución de prejubilaciones y bajas incendiadas mediante un pacto entre la empresa, los sindicatos y la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) para sacar a RTVE de la asfixia.
