RTVE no se ingresará, de momento, los 100 millones de euros que el Ministerio de Hacienda había prometido concederles en forma de crédito. Al parecer, tal y como ha publicado Prnoticias, el despacho que preside Cristobal Montoro no acepta los planes de ajuste que han propuesto desde la Corporación, ya que no suponen grandes ahorros estructurales.
Actualmente, Radio Televisión Española carga con una deuda de 254 millones de euros acumulados durante los últimos tres años. Además, su futuro se ha visto truncado ante la posibilidad de una mejora económica en lo que resta de año, tanto es así que se encuentra al borde de la quiebra.
Con este panorama, Montoro y la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría podrían acordar un plan de reformas si consideran que RTVE no está capacitado para ello. Entre la lista de medidas a ejecutar, podrían encontrarse algunas relativas a los aspectos laborales, reducción de organigrama o el desprendimiento de algunos bienes inmuebles, según apunta el citado portal.
En cualquier caso, las condiciones de Hacienda no son nuevas. La Corporación ya era conocedora de que el crédito incluiría una serie de recomendaciones, como la reducción del gasto, que deben llevar a cabo para su obtención. Es importante señalar que, de no cumplir con lo estipulado por el ministerio, RTVE no se embolsaría la ayuda del Gobierno y podría poner en peligro los pagos a los proveedores e, incluso, a sus propios trabajadores.
Hacienda insta a RTVE a recortar los pluses salariales
Hace unos días, el Ministerio de Hacienda, disconforme con las medidas propuestas por Leopoldo González-Echenique, ofreció a RTVE llevar a cabo una serie de recortes a partir de la reducción de pluses por programas y los de especial responsabilidad, lo que le supone un coste de 19 millones de euros al año a la empresa pública.
Esta estrategia, propuesta por Gobierno, es una de las pocas medidas posibles de llevar a cabo sin que incida sobre el último convenio colectivo firmado con los trabajadores a finales de 2013. Este último recorte supuso un ahorro de 28,5 millones de euros a cambio de blindar los puestos de empleo hasta diciembre de 2015.
