Después de que el pasado domingo saltara la noticia de que el Comité Olímpico Internacional (COI) se había dado un plazo de cuatro semanas para repensar el futuro de los JJ.OO. a causa de la crisis sanitaria del coronavirus, este martes 24 el organismo ha comunicado que, finalmente, la competición se aplaza hasta 2021.
No ha pasado si quiera una semana desde el primer anuncio del COI, que se mostraba bastante reticente a que los juegos tuvieran el desenlace que han terminado teniendo. Parece ser, pues, que ha sido la presión del primer ministro japonés, Shinzo Abe, lo que ha precipitado la decisión, ya que el político ha expuesto públicamente su deseo a que los juegos se aplazasen. Además, países como Australia, Canadá, Polonia, Irán, Suiza, Portugal y Estados Unidos habían amenazado con no enviar a sus deportistas si no se retrasaba la competición.
El comunicado se ha producido de manos del presidente del COI, Thomas Bach, pero se espera que esta tarde la ejecutiva del organismo tenga una reunión de urgencia para dar oficialidad a este aplazamiento. Mientras, el gobernador de Tokio, Yurike Koike, ha confirmado que el nombre de los juegos será Tokio 2020, a pesar de que se celebren en 2021.
Consecuencias para el COI
El aplazamiento supone tanto un problema para Tokio como para el COI, ya que ambos experimentarán graves pérdidas económicas. La ciudad nipona, por su parte, tenía contratado un seguro para cubrir cualquier tragedia, como es esta crisis sanitaria, pero se encuentra con una traba inesperada: la venta de los apartamentos de la villa olímpica a particulares, que esperaban entrar a vivir en 2023. El incumplimiento de plazos podría acarrear una demanda por parte de los afectados, la cual no estaría contemplada dentro de los seguros que se contratan para los juegos.
Mientras, el COI ya tenía vendido los derechos de explotación audiovisual de los juegos, lo cual supone la mayor parte de sus beneficios. Las cadenas contratantes, al igual que los inquilinos, podrán demandar a la organización por incumplimiento de plazos y reclamar, a parte del dinero invertido, una indemnización. Y es que, aunque vayan a disfrutar del producto en un año, los operadores ya habían vendido sus espacios de publicidad, convirtiéndose todo en la pescadilla que se muerde la cola.
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