La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha rechazado el nuevo proyecto de ley de financiación de RTVE, que prevé la creación de un nuevo impuesto para las operadores de telecomunicaciones. El Gobierno pretende que ayuden a financiar TVE con una tasa del 0,9% sobre sus ingresos.
Según recoge el periódico económico Expansión, el nuevo impuesto supondrá alrededor de 400 millones de euros anuales de recaudación, de los cuales unos 200 millones deberán ser aportados por Telefónica.
Las operadoras emitieron a primeros de mayo un comunicado en el que calificaban la tasa de "dañina e injusta". Según Redtel (Telefónica, Vodafone, Orange y Ono), las "telecos" no tienen "nada que ver con el mercado publicitario en televisión" y, por tanto, como no resultan "beneficiadas" de la supresión de los anuncios en TVE, "lo lógico" sería que las cadenas privadas hicieran el "esfuerzo" para financiar TVE. El sector factura unos 43.000 millones de euros al año, sin emebrago, según Jesús Banegas, el presidente de la asociación que agrupa a las empresas del sector de las TIC, las telecomunicaciones son el quinto sector en España con más cargas impositivas después del tabaco, el alcohol, los carburantes y el juego.
La pasada semana, el consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones aprobó por mayoría un informe en el que se critica la iniciativa gubernamental y se recomiendan otras alternativas para recabar la financiación necesaria para compensar a RTVE una vez suprima toda su publicidad.
La CMT sugiere al Ejecutivo que busque medidas alternativas para recabar la financiación necesaria para compensar la eliminación de los ingresos publicitarios. Según publica Expansión, el informe de la CMT señala que se podría aprovechar el valor del espectro radioeléctrico de frecuencias, un recurso escaso y por tanto cada vez más estratégico, como fuente de financiación alternativa.
La importancia del informe de la CMT en la tramitación de la Ley de Financiación de RTVE es relativo, puesto que las opiniones del regulador del sector no tienen carácter vinculante, sino meramente consultivo. Por tanto, el Gobierno puede, perfectamente, ignorar la opinión de la CMT y seguir adelante con su proyecto.
