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PARALIZADA

Hacienda suspende la adjudicación de 7RM al Grupo Secuoya

Las cuatro empresas perdedoras en el concurso convocado por el gobierno regional impugnaron la decisión

Por Salvador BolañosPublicado: Jueves 5 Marzo 2015 11:25

Tras la suspensión de la concesión al grupo Secuoya por los derechos de explotación de la televisión murciana, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, adscrito al Ministerio de Hacienda, ha ratificado su decisión de mantener esta adjudicación suspendida.

Televisión de Murcia

Televisión de Murcia

Al concurso para tener el control de la televisión autonómica se presentaron, además de Secuoya, otrás cuatro empresas: Videoreport (Tres60 Grupo), GTM, Mediapro y un compendio de empresas encabezados por Canal 21. La empresa elegida finalmente fue CBM (Secuoya) por un valor de 60 millones de euros. Tras la victoria de este grupo, las demás empresas impugnaron el concurso, en especial Mediapro y Tres60 Grupo, al entender que habían surgido ciertas irregularidades.

"El objetivo de Secuoya es aumentar el número de contenidos de ámbito local"

Esta gestión integral de la televisión murciana abarca desde la producción de programas hasta la gestión de los informativos, además de encargarse de la publicidad. El objetivo de Secuoya según su presidente Raúl Berdonés, es el de aumentar en la cadena el número de contenidos de ámbito local.

Los criterios de adjudicación en los que se basaba el Ministerio de Hacienda se centraban principalmente en programación de entretenimiento, servicios informativos y programas deportivos. Mediapro aseguraba que su propuesta era la única que podía gestionar todo lo requerido por el Ministerio, ya que están avalados por años de experiencia en todos esos ámbitos, especialmente en el tema deportivo, según asegura el propio grupo.

Tanto Mediapro como los demás participantes del concurso requieren la revisión de la concesión, ya que opinan que las calificaciones por parte del grupo Secuoya se han "inflado" y no se han tenido los criterios en los que se basaba la decisión. Esta situación prolonga aún más la incertidumbre sobre la privatización de la cadena autonómica.

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