El Comité de empresa de la Corporación Radio y Televisión de Galicia (CRTVG) lleva 38 semanas reclamando una información digna y veraz desde sus servicios informativos. Como protesta, y a la espera que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tome medidas al respecto, celebran cada semana los "Venres Negros" (Viernes Negros). Una reivindicación que, según denuncia el Comité, se habría cobrado una nueva víctima.

A través de un comunicado publicado en redes sociales, el Comité denuncia que Marga Pazos, periodista con una larga trayectoria en la cadena pública, ha sufrido "una grave represalia por su participación activa en los 'venres negros' y su significación pública en la defensa por la independencia de los medios públicos de comunicación de Galicia y la defensa de la lengua".
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El Comité apunta como responsable a la directora de Recursos Humanos, Susana Fernández Veiguela, por orden de la Directora de Informativos, Concha Pombo, de apartar a Pazos de sus tareas habituales de redactora, las cuales venía desarrollando desde hace 20 años, "para limitarla a las funciones obsoletas de locutora de televisión".
Desde el Comité consideran esta medida una "reacción a una sentencia que le reconoce la equiparación salarial como redactora", lo que le daría derecho a percibir un complemento de nivel (de locutora a redactora), después de quedar acreditado que en efecto lleva años desenvolviendo ese trabajo, al igual que ocurre con la mayoría de sus compañeros.
Por la huelga feminista
Pazos pasa a ser la única locutora a la que se le prohibe redactar, siendo esta, según aclara el comunicado, la primera vez que la empresa aplica una sentencia de reconocimiento de nivel para limitar las funciones de una trabajadora a la que el juzgado acaba de darle la razón.
Además, el Comité concluye que se trata de una represalia por participar en la huelga feminista del 8 de marzo de 2018, tras lo que la Justicia condenó a la Televisión de Galicia por "esquirolaje interno". Ese día, un hombre fue llamado a ocupar el puesto de presentador en lugar de Pazos, vulnerando así el derecho a huelga de la trabajadora.