Tras la polémica surgida con el asesinato de una joven de Alicante por su ex-novio después de que éste fuese a 'El diario de Patricia' a pedirle matrimonio y, visto que tenía antecendentes por malos tratos y una orden de alejamiento en vigor, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega ha anunciado que el Gobierno ha convocado para la próxima semana una reunión con la Unión de Televisiones Comerciales (Uteca) donde se encuentran las cadenas privadas, para tratar sobre el asunto de la violencia de género en la televisión. La 1 y La 2 no entran dentro de esta llamada de atención al ser públicas.
"Todo el mundo quiere erradicar este problema y sé que las televisiones también porque están en la mejor de las disposiciones. Ahora hace falta que nos reunamos, un diálogo sincero y tranquilo, para entre todos encontrar los mecanismos necesarios que permitan un tratamiento informativo de la violencia de género que no genere más violencia", afirmó la vicepresidenta. Además añadió que la violencia de género "no puede ser un espectáculo ni siquiera un contenido informativo más".
Por ello el Gobierno tratará de buscar acuerdos con los respresentantes de Uteca y acordar la "mejor forma de tratar la información de estos temas en la televisión", declaró De la Vega.
Por otro lado, Arturo Canalda, el Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid, ha declarado que este hecho es la "gota que colma el vaso" y pide a las cadenas que esos contenidos queden fuera de la franja de horario protegido, según el código de Autorregulación que las propias cadenas firmaron con el Gobierno hace tres años.
Además, la Directiva Europea de la Televisión sin Fronteras estipula que el incumplimiento de la misma supone para el operador una multa que oscila entre los 300 mil y los 600 mil euros. También se puede dar el caso de que se la licencia de emisión sea suspendida e incluso retirada de ser reincidente.
