Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba tienen previsto un único debate televisado el próximo 7 de noviembre, que será organizado una vez más por la Academia de Televisión. Así lo han acordado las responsables de las campañas del Partido Popular y Partido Socialista, Ana Mato y Elena Valenciano, que también han acordado dejar fuera al resto de partidos con un debate cara a cara entre los dos principales candidatos.
Sin embargo, este enfrentamiento político podría suspenderse si la Junta Electoral Central acepta las alegaciones realizadas por Izquierda Unida. El texto presentado formalmente por el secretario federal de Organización, Miguel Reneses, solicita:
1- Suspender la emisión del debate anunciado para el día 7 de noviembre entre Pérez Rubalcaba y Rajoy, dado que al excluir esta fuerza política se están vulnerando los principios de pluralismo y neutralidad que establece tanto la normativa electoral como las reiteradas decisiones de esta JEC.
2- En el caso de que se acuerde la celebración del referido debate, IU exige ampliar la participación a los candidatos de IU, al ser la tercera fuerza política de ámbito estatal que concurre en este proceso electoral en todas las circunscripciones del estado.
Si la anterior solicitud es denegada, IU pide se suspenda la emisión del debate anunciado para el día 7 de noviembre hasta que no se produzca la debida comunicación a la Junta Electoral Central, por parte de aquellos medios de comunicación, tanto de titularidad pública como privada, que vayan a emitir el debate, de las medidas compensatorias que deben hacerse efectivas con el resto de fuerzas políticas que concurren a las próximas elecciones y que cuentan con representación parlamentaria.
Según el escrito, "la emisión en los medios de comunicación de debates bilaterales genera un desequilibrio entre las partes concurrentes a un proceso electoral", de modo que no queda garantizada la igualdad de las partes en el proceso electoral y el pluralismo político y social".
Para IU, este tipo de debates condena "al ostracismo a sus candidatos y vulnera uno de los derechos más elementales de un sistema democrático recogido en el artículo 23. 2 de la Constitución, como es el derecho fundamental a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos".
