El pasado viernes 13 de enero el Consejo de Ministros aprobó un decreto ley que permite la modificación de la Ley Audiovisual para que pueda entrar capital privado en las televisiones autonómicas. Además, según explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría el pasado viernes, las comunidades autónomas podrán "cerrar, vender o privatizar" las cadenas que ellas mismas gestionan.
Ahora, según informa el diario El País, el Consell tiene previsto presentar un borrador que comprende "la producción de contenidos y la edición y difusión de canales generalistas y temáticos, en abierto o codificados, de ámbito autonómico e internacional". Lo que viene a significar que abre la puerta a que la totalidad o parte de la actual televisión pública valenciana se emita en codificado, es decir, que se trate de un canal, o canales, de pago.
Concepto contrario a la actual Ley Audiovisual
Esta posibilidad de "canales de pago" se encuentra en el extremo opuesto de lo que pretendía el anterior Gobierno que, en su Ley General de Comunicación Audiovisual, aludía específicamente a la emisión "en abierto" de canales "generalistas o temáticos".
De seguir adelante esta propuesta, el de la Comunitat Valenciana se convertiría en el primer canal autonómico público que permite el cobro de programas o canales a sus espectadores, lo que ayudaría a las maltrechas arcas de la Comunidad Valenciana, cuya televisión pública, Radiotelevisió Valenciana (RTVV), se encuentra en trámite de despedir a más de mil trabajadores, más de la mitad de su plantilla.
