El secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), Tomás Gómez, se reunió este martes con representantes del Comité de Empresa de Telemadrid para exigir a la Comunidad de Madrid que inicie un proceso de negociación con los trabajadores que han sido despedidos por la aplicación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) dentro del ente autonómico, según informa Europa Press. "Para minimizar el daño a los trabajadores y por el interés económico de los madrileños lo sensato y digno es que se abra un proceso de negociación inmediato con los trabajadores", ha señalado Gómez durante la rueda de prensa organizada en la sede del PSM en la plaza del Callao.
El representante del PSM ha estimado que la Comunidad tiene que abrir esta mesa de diálogo porque lo sucedido es su "responsabilidad", y ya ha adelantado que el representante del partido en Telemadrid, Eduardo Sotillos, va a reclamar la dimisión de los directivos ejecutivos de la cadena, que "no han sido incluidos en el ERE". Según Gómez, la sentencia del Tribunal de Justicia de Madrid (TSJM) sobre el ERE de Telemadrid resalta la "mala gestión" de la cadena, sin olvidar que para el órgano judicial ha sido una medida "desproporcionada".
Por ello, ha considerado que la sentencia del TSJM ha sido "todo un varapalo a las intenciones del Gobierno de la Comunidad de Madrid", y ha remarcado que lo que ha de hacer el Ejecutivo autonómico es abrir "una mesa de diálogo con los representantes de los trabajadores", para "minimizar los daños".
Una indemnización millonaria
El líder socialista en Madrid ha criticado que, en caso de que los empleados despedidos de Telemadrid por el ERE no fuesen restituidos, este hecho supondría "indemnizar una cantidad millonaria a los trabajadores de Telemadrid con dinero de todos los ciudadanos", para luego "subcontratar los servicios con empresas privadas".
Por su parte, el portavoz del Comité de Empresa de Telemadrid, Luis Lombardo, ha pedido que se abra una mesa de diálogo con los partidos representados en la Asamblea de Madrid, pero también con el gobierno autonómico. Lombardo, para quien ahora se abre un "periodo de posibilidades para llegar a acuerdos", ha considerado que "no es el momento ni de mandar a 830 personas a la calle, ni de gastarse cien millones de euros que supondría la indemnización de 830 trabajadores". "Es mejor buscar soluciones ahora que alargar la resolución de un conflicto" que supondrían "incrementos económicos", concluyó.
