Canal Nou podría estar viviendo sus últimas y definitivas horas. Trasla aprobación de la ley que pretende cerrar la autonómica en las Cortes Valencianas, Alberto Fabra envió en la noche de este jueves a la Policía para ejecutar este temido desenlace.
El juzgado ha desestimado la denuncia por ocupación ilegal de los liquidadores del GovernCon nocturnidad, los cuerpos de seguridad han intentado desalojar el edificio y echar a los trabajadores del edificio. Por el momento, su único éxito ha sido parar las emisiones a medianoche, pero ahora sigue emitiéndose el informativo con todas las novedades.
Los trabajadores que se encuentran dentro del inmueble en Burjassot han estado informando al minuto durante toda la noche de lo que estaba ocurriendo en el interior. Estos se han apostillado y han ocupado los pasillos impidiendo que se llevara a cabo la desconexión.
Ante tales dificultades, uno de los dos liquidadores nombrados por el Gobierno de Alberto Fabra se ha personado en el juzgado para denunciar una ocupación ilegal, pero la justicia lo ha rechazado.
La policía ha enviado refuerzos y el Gobierno ha mandado un mensaje a todos los trabajadores dándoles permiso para no acudir a sus puestos de trabajo cobrando su salario de igual manera. También han descodificado sus claves de entrada al edificio para que los que estaban fuera no pudieran entrar.
Por el momento, los trabajadores aguantan por el momento mientras la Policía ha cesado temporalmente en su intento, al menos en la televisión, ya que Nou Ràdio sí se ha apagado parece que definitivamente.
El PP, único partido que votó a favor de su cierre en las Cortes
El intento de cierre de RTVV llega pocas horas después de que las Cortes votaran a favor del desmantelamiento definitivo de la televisión pública valenciana. El resultado fueron 49 votos a favor (de los diputados del PP), 42 votos en contra de la bancada de la oposicón y uno nulo.
Solo los diputados del grupo popular dieron su aprobación en las Cortes Valencianas a la proposición de ley presentada por su mismo grupo parlamentario y que autorizaba al Consell a la extinción, disolución y liquidación de RTVV. Los parlamentarios de la oposición votaron en contra y, a continuación, se pusieron de espaldas desde sus escaños en señal de protesta.
Con esta ley se suprime la prestación del servicio público de radio y televisión autonómico de titularidad de la Generalitat. Como consecuencia, se produce la extinción de los contratos de todos los empleados de la radiotelevisión pública (unos 1.600).
