La Audiencia Nacional ha condenado a Fernando Peña, el asesor fiscal del bufete Nummaria, a ochenta años de cárcel. Además, también ha impuesto a Imanol Arias los dos años y dos meses pactados tras el reconocimiento del actor de haber cometido cinco delitos fiscales. Por su parte, Ana Duato ha quedado absuelta por el mismo caso, que investigaba los presuntos crímenes fiscales de los protagonistas de 'Cuéntame cómo pasó'.
Según la sentencia de la Sección Segunda de lo Penal, ambos actores se aprovecharon de las estrategias diseñadas por el despacho de Fernando Peña para evitar tributar en España. A pesar de esto, la sentencia tan solo ha sido interpuesta a Arias, cliente del bufete, tras haber pactado la Fiscalía. En cambio, la actriz ha quedado libre de cualquier tipo de condena, a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción pedía para ella hasta veintidós años de cárcel.
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"No concurre acreditación suficiente de que la acusada conocía que estaba incumpliendo su deber de contribuir conforme a lo dispuesto por el ordenamiento tributario", reza la sentencia con respecto al caso particular de Duato, según recoge Efe.
De igual forma, en la resolución, de 275 páginas se absuelve a todos los acusados del delito de organización criminal. Dado que, a pesar del incumplimiento de la ley, el tribunal considera que el bufete de Nummaria no fue creado con una intención o fin delictivo. Por lo tanto, quedan absueltos, entre otros, los trabajadores de dicho despacho y Miguel Ángel Bernardeau, marido de Ana Duato.
En el caso de Fernando Peña, se le impone la pena más alta con ochenta años de prisión. Sin embargo, tan solo cumplirá el triple de su pena máxima, lo que sería como mucho doce años. Según detallan los magistrados, el asesor fiscal contaba con distintas sedes fuera de España para que sus irregularidades no fueran detectadas. Sus actividades delictivas se concentraban principalmente en Costa Rica e Inglaterra, aunque también operaba en Canadá, Uruguay y Luxemburgo, como apunta El Periódico.
Las actividades irregulares de Fernando Peña
La sentencia dicta que el despacho del asesor fiscal llevaría en marcha con este tipo de actividades ilegales desde antes del año 2000. "Facilitó estructuras jurídico-económicas diseñadas, implementadas y gestionadas por el despacho de la finalidad de asegurar la opacidad de las operaciones de sus clientes, bien frente a la Hacienda Pública, bien frente a otras personas físicas y jurídicas que ostentan algún derecho de crédito contra aquellos".
"Al mantenerse en muchos casos oculta la titularidad de las sociedades también se han evitado en España contingencias fiscales por IRPF, como las asociadas al reparto de beneficios desde las sociedades a sus accionistas o posibles ganancias de patrimonio no justificadas derivadas de la tenencia y/o aportaciones de capital vía ampliaciones o préstamos desde las personas físicas a las sociedades operativas", finaliza.
