Antonio Luis Aguilera Sánchez, acusado de ser uno de los ejes centrales del 'caso Titella' según la Audiencia Nacional, falleció el pasado 22 de noviembre tras ser encontrado sin vida en la piscina de una vivienda alquilada en la sierra de Granada. Tenía 57 años y su muerte se produce en un momento especialmente delicado para la instrucción, en la que su nombre aparecía situado en el núcleo de la captación de inversiones que presuntamente rodeaba al productor televisivo José Luis Moreno.
La empleada del hogar fue quien localizó el cuerpo y alertó de inmediato al chófer del empresario, según avanzó The Objective. Las primeras comprobaciones en la vivienda, así como la revisión de las cámaras de seguridad, descartan la intervención de terceras personas y apuntan a un accidente doméstico. El entierro tuvo lugar dos días después, el 24 de noviembre, en una ceremonia privada en Madrid.
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Aguilera era conocido en ámbitos empresariales de Madrid y Cataluña, y su papel en la investigación lo situaba como una pieza esencial en la supuesta red dedicada a captar inversores particulares mediante proyectos que nunca llegaron a ejecutarse. Según fuentes judiciales, él mismo habría afrontado parte de esas deudas con fondos propios, sin llegar a recuperar el dinero prestado. En declaraciones para OkDiario, aseguró que Moreno le debía "dos millones de euros".
La muerte del empresario llega cuando el juez Ismael Moreno propuso sentar en el banquillo a José Luis Moreno y a otras 54 personas por delitos que van desde estafa continuada hasta blanqueo, organización criminal, corrupción en los negocios y falsedad documental. La causa continúa en fase preprocesal, a la espera de que se resuelvan las peticiones de aclaración presentadas por la defensa del productor televisivo.
Un fallecimiento que coincide con nuevas sacudidas en la investigación
El caso atraviesa un momento de máxima tensión después de la detención del inspector jefe de la UDEF, Óscar Gil, por delitos relacionados con el narcotráfico. Gil dirigió la operación policial que vinculó a Moreno con una estructura de cientos de sociedades pantalla, utilizadas para solicitar créditos millonarios, incluidos ICO de pandemia, que nunca se devolvían y que, según los informes, servían para blanquear fondos procedentes tanto de estafas como de redes internacionales.
El fallecimiento de Aguilera abre un nuevo capítulo dentro de una macrocausa que suma más de 50 detenciones, 700 sociedades implicadas y un volumen investigado de más de 85 millones de euros. Mientras, la Audiencia Nacional continúa desentrañando el funcionamiento de esta complicada trama económica.
