Esta asociación es la encargada de ejercer de acusación popular en la causa que investiga la supuesta contabilidad B del Partido Popular y también ha pedido la imputación de otros seis directivos de Libertad Digital, aparte de la de Losantos, presidente del grupo mediático.
En la querella, la asociación pide al juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional que les impute por un delito contra la Hacienda Pública y otro de blanqueo de capitales a los siete directivos que formaron parte del Consejo de Administración de Libertad Digital entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre de 2004, cuando se produjo la ampliación de capital que está siendo investigada.
Además de Jiménez Losantos, los otros directivos cuya imputación está pidiendo la asociación son el expresidente de Libertad Digital Alberto Recarte y los vocales Francisco Javier Rubio, Francisco Cabrillo, José Raga, Pedro Gómez, Pedro Juan Viladrich y Pedro García Meroño.
Según indica el Observatori, el grupo Libertad Digital llevó a cabo una ampliación de capital mediante "fondos de origen ilícito y su posterior afloramiento al sistema económico de importantes cantidades de dinero".
El 2 de noviembre prescribe el delito
El Observatori DESC ha pedido que se admita a trámite la querella antes del próximo 2 de noviembre, fecha en la que los hechos prescribirían tras cumplirse el plazo de los diez años desde la última infracción cometida.
Según las declaraciones judiciales que Bárcenas realizó ante el juez Ruz en julio de 2013 y abril de este año, Lapuerta recibió en octubre de 2004 el encargo de Ángel Acebes (PP) de "buscar empresarios dispuestos" a participar en la ampliación de capital de Libertad Digital "utilizando para ellos los fondos de la "caja B" del partido".
