La Fiscalía de Barcelona ha denunciado a Toni Soler por el gag del programa 'Està passant!' que se refería a los Mossos d'Esquadra como "putos perros", emitido el 16 de octubre de 2019 tras los altercados en respuesta a la sentencia del procés. Tras su investigación, la Fiscalía considera que existe un delito contra las instituciones del Estado, concretamente de injurias graves a los cuerpos y fuerzas de seguridad.

Según afirma la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE y se ha hecho eco La Vanguardia, el ministerio público acusa de dicho delito a Soler y sus dos colaboradores, Magí Garcia y Jair Domínguez. Además, pide que se declare responsable civil subsidiaria a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) por ser el medio a través del cual se difundieron los hechos denunciados. La Fiscalía de Barcelona abrió esta investigación el pasado mes de noviembre a raíz de las denuncias presentadas por sindicatos de Mossos d'Esquadra.
El gag de la polémica
Filmin estrena el tráiler de 'Millennial Mal', su nueva comedia universitaria de la mano de Lorena Iglesias
'120 Minutos' celebra sus 2.000 programas en Telemadrid con un vídeo del día a día en la redacción
Tráiler de '33 días', la nueva serie de Atresplayer con Julián Villagrán y José Manuel Poga
Tráiler en catalán de 'Ravalear', la nueva serie de HBO Max sobre los fondos buitre
Tráiler de la tercera temporada de 'The Walking Dead: Dead City' de AMC+
Canción ganadora de Eurovisión 2026: DARA con "Bangaranga" por Bulgaria
El gag de la polémica mostraba a un perro vestido con una gorra de policía y ataviado con material antidisturbios, como cascos o lanzadores de proyectiles viscoelásticos foam. En el sketch se "informaba" de que a un joven de 22 años lo habían golpeado en un ojo durante las protestas. El muchacho se refería entonces a los policías como "putos perros".
En otros comentarios dejaban caer que un perro "te ladra, te muerte o aun peor, te dispara balas de 'foam' o pelotas de goma", en clara referencia a los agentes antidisturbios que actuaron en las protestas provocadas por la sentencia del 1-O en Cataluña, que se saldó con entre 9 y 13 años de cárcel para los líderes catalanes por sedición y malversación.