El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la adjudicación de la licencia para un nuevo canal de Televisión Digital Terrestre (TDT) en abierto y con cobertura estatal a SIETE, siglas de Servicios Integrados de Entretenimiento Televisivo SL. La compañía está administrada por Andrés Varela Entrecanales y vinculada a un grupo de accionistas de Prisa agrupados en torno a Global Alconaba, sociedad que controla alrededor del 7% del grupo.
La otra aspirante a hacerse con la nueva licencia era Mediaset, que ya cuenta con ocho licencias de televisión en España. El concurso público fue convocado por el Gobierno el pasado 14 de octubre de 2025, a propuesta de Óscar López, para adjudicar una nueva frecuencia de TDT en abierto y de ámbito nacional.
La licencia tendrá una duración inicial de 15 años y podrá renovarse por otro periodo igual si se cumplen los requisitos previstos en la Ley General de Comunicación Audiovisual. Las emisiones podrían comenzar en los próximos meses, previsiblemente en octubre, y el nombre que se baraja para el canal es La Séptima.
Un proyecto impulsado por accionistas minoritarios de Prisa
Al concurso concurrió un consorcio formado por varios socios españoles de Prisa, entre ellos los empresarios Adolfo Utor, presidente de Baleària, y Diego Prieto, además del grupo propietario del canal argentino Telefé, líder de televisión en abierto en Argentina.
Ese grupo de accionistas, que en conjunto posee alrededor de un 15% de Prisa, está liderado por Andrés Varela Entrecanales, también al frente de Global Alconaba. Sin embargo, la sociedad Alconaba no participa formalmente como tal en el consorcio adjudicatario.
El nuevo canal se perfila como una televisión en abierto de corte progresista, en un contexto político marcado por las elecciones generales previstas para 2027. Fuentes del sector apuntan a una programación centrada en la información, la actualidad y el infoentretenimiento.
Una licencia de 15 años y con posibilidad de renovación
El Gobierno debía resolver el concurso en un plazo máximo de un año desde su publicación. Una vez finalizado el procedimiento, la licencia se formalizará en documento administrativo por parte del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública en el plazo de un mes desde la publicación del acuerdo del Consejo de Ministros.
La adjudicación responde al Plan Técnico Nacional de la TDT, en vigor desde el 27 de marzo de 2025, que reorganizó los múltiples digitales a través de los que se presta el servicio de televisión digital terrestre de cobertura estatal.
En concreto, el objeto del concurso corresponde al sobrante de una cuarta parte de la capacidad del múltiple digital MPE5. Según el Ministerio, el objetivo de esta convocatoria era aumentar la representatividad de los intereses y corrientes de opinión de la sociedad, favorecer una oferta audiovisual más diferenciada y fomentar la innovación tecnológica.
Las críticas de Joseph Oughourlian al proyecto
La adjudicación llega después de que Prisa descartara presentarse directamente al concurso, pese a que varios de sus accionistas sí impulsaron una candidatura. Cuando se conoció esta posibilidad, el presidente del grupo, Joseph Oughourlian, se mostró muy crítico con la operación y aseguró que optar a un canal de televisión en abierto en España era "una cosa ruinosa".
Oughourlian ironizó entonces con que su relación con esos socios de Prisa podría mejorar si finalmente se hacían con la licencia, porque comprobarían, según sus palabras, la dificultad de operar una televisión. "Estoy deseando que se adjudiquen el canal, que se lo lleven con su dinero, no con el mío, y que vean la dificultad de operar una televisión", afirmó.
Los adjudicatarios intentaron inicialmente poner en marcha este proyecto dentro del propio grupo Prisa, pero la compañía acabó descartándolo. Aquella decisión derivó en tensiones internas y en la dimisión de varios directivos. Ahora, el proyecto seguirá adelante fuera del grupo, aunque impulsado por accionistas con peso dentro de la compañía.
