Parece que las cosas empiezan a torcerse en la fusión entre Mediaset Italia y su filial Española. El juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid ha suspendido cautelarmente el acuerdo, a causa de la impugnación interpuesta por el grupo francés Vivendi, que posee el 28,8% de las acciones de Mediaset, y que lleva enfrentado contra la familia Berlusconi, que controla el 44,2%, largo tiempo.
Así lo notificaba la propia compañía audiovisual a través de un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en el que explicaba que el proceso se paralizaba debido a la "suspensión cautelar de los acuerdos sociales aprobados en la junta de Mediaset España, celebrada el pasado 4 de septiembre de 2019".
Según Vivendi, la fusión entre ambas empresas ha sido impuesta de forma abusiva y aduce a que el acuerdo no responde a ningún tipo de necesidad empresarial. Además, informan de que el canje fijado para cada acción española (2,33 acciones de la italiana) no se corresponde con el valor real. Para la compañía, el objetivo del trato no es otro que llevar la sociedad a Holanda para crear un sistema de acciones de lealtad, algo que en España está prohibido por violar el principio de igualdad de trato entre accionistas.
Y es que Vivendi tiene una relación más que complicada con Mediaset, dado que su derecho a voto le fue arrebatado por Berlusconi al tachar a la compañía gala de comportamiento desleal, pues en 2016 se retiró de un acuerdo de compra del canal privado Mediaset Premium. Es por ello que, en la junta celebrada en Milán sobre el acuerdo, no pudieron votar. Si lo hubieran hecho, la fusión no habría seguido hacia delante.
Irán a la Audiencia Provincial
Por su parte, Mediaset España ha informado mediante un comunicado que "discrepa profundamente de dicha decisión provisional" y avisa de que "procederá a impugnarla de forma inmediata". Ahora, la pelota cae en el campo de la Audiencia Provincial de Madrid, que debe decidir cuál de las dos partes tiene razón. La filial española se muestra confiada en que la balanza se decantará de su lado, pues argumentan que las razones que sustentan su posición son "muy sólidas y avalan la razonabilidad jurídica, económica y empresarial de los acuerdos sociales que han sido impugnados.
