Mientras va al supermercado, mientras saca dinero del banco, mientras va al gimnasio o mientras acompaña a su hijo al colegio. Las cámaras de seguridad en Argentina siguen un control exhaustivo de sus ciudadanos desde que una joven fuese violada en una estación de tren. Las 30 cámaras iniciales se han convertido en 800 y pronto serán 2.000. Todo quedaría en un mero asunto de privacidad hasta que el Ministerio del Interior del país ha decidido entregar las cintas a diferentes medios de comunicación.
Los centros urbanos de las ciudades del país se encuentran llenos de cámaras de seguridad. Su fin, la seguridad de sus ciudadanos, quedaría a un lado frente a la nueva política del Gobierno para la que prevalece la libertad de información e información.
El Ministerio del Interior está a punto de firmar un acuerdo con los medios para crear automáticamente lo que algunos ya describen como un 'Gran hermano' a nivel nacional.
Según la crítica que ha surgido en Argentina, los ciudadanos sólo pueden salir en un medio de comunicación cuando son testigos de un hecho relevante para la sociedad. Sin embargo, la cesión de estas imágenes pondría en evidencia el día a día de cada habitante del país.
La Corte Europea de Derechos Humanos ya le dio la razón a Geoffrey Peck, un ciudadano inglés que denunció al Gobierno británico cuando se difundió su imagen caminando por la calle con un cuchillo de cocina. La organización dijo que aunque estuviera en la calle no había intención de participar en un evento público, por lo que no se trataba de una figura pública.
