El recurso, en el que se pide la suspensión de la adjudicación realizada por el Consejero de Economía, Hacienda e Innovación del Gobierno Balear , se basa en las graves irregularidades y faltas registradas en la tramitación del procedimiento.
Entre las irregularidades detectadas cabe señalar la actuación de la Mesa de Contratación en contra de las propias bases y procedimientos establecidos en el concurso, lo que ha llevado a la adjudicación de concesiones a licitadores que no habían presentado oferta para los lotes que se les han adjudicado o incluso que no habían llegado a presentar la preceptiva garantía provisional. En el caso de uno de los concesionarios, ni siquiera recoge en su objeto social la gestión indirecta de servicios de televisión local, algo que resultaba requisito preceptivo para poder concursar.
En el recurso, presentado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, se recoge también la inusitada limitación de los plazos empleados en los distintos trámites del concurso: se habilitó un plazo de sólo 15 días para la presentación de las ofertas y éstas fueron evaluadas para su adjudicación en apenas 48 horas, el mismo plazo otorgado posteriormente para efectuar alegaciones.
