La Comisión Europea denunciará el 14 de marzo a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la financiación que el Estado esta realizando de RTVE desde la eliminación de la publicidad el año pasado. Las visitas que miembros del gobierno han hecho continuamente a despachos de Bruselas no han convencido al Ejecutivo comunitario.
Son muchos los meses que la Comisión lleva advirtiendo al Gobierno Español sobre la ilegalidad de la tasa que se les hace pagar a las principales empresas de telecomunicaciones. El modelo de financiación de RTVE actual, además de sostenerse de la financiación pública, lo hace de las tasas que establece a agentes como las cadenas privadas y/o teleoperadores. La comisión considera que la tasa del 0,9% de los ingresos que se realiza a las empresas de telecomunciaciones es totalmente ilegal europeamente hablando. Ese pequeño porcentaje esta previsto que reporte unos 230 millones de euros en 2010.
El departamento de Neelie Kroes, comisaria al cargo del sector de las telecomunicaciones, afirma que la tasa es incompatible con la legislación europea que limita los casos en las que puede reclamar una aportación a las teleoperadoras. Estos casos son para cubrir costes administrativos y de reglamentación del espectro radioeléctrico y no como lo esta realizando el Gobierno de España.
Ramón Jáuregui, ministro de la presidencia de nuestro país, ya temía esta situación desde febrero. Él ha intentado en varias ocasiones explicar el nuevo modelo de financiación de TVE ante la comisión de Kroes en Bruselas y aseguró que el Gobierno haría cambios técnicos a la ley de financiación sin cambiar la esencia de la misma hace un tiempo. Sin embargo no se ha realizado ninguna modificación que haya detenido la decisión de la Comisión.
"Podremos discutir el concepto, precisar técnicamente el tipo, la manera en que esto se recauda, pero son precisiones técnicas a un contenido al que el Gobierno no quiere renunciar", afirma el ministro de la presidencia y añade que el Ejecutivo está dispuesto a asumir una conflictividad ante el Tribunal de Justicia para defender el modelo de financiación.
No es la única amenaza que ha recibido el Gobierno sobre el modelo de financiación puesto que las cadenas privadas has protestado también sobre su tasa al Ejecutivo europeo. Esta protesta se estudió por el departamento de Competencia, que dirige Joaquín Almunia, pero finalmente se dejo a un lado.
