Los conflictos políticos y económicos continúan haciendo mella en las televisiones públicas de España. Las últimas informaciones recogidas, en este sentido, señalan directamente a Castilla-La Mancha Televisión, que se ha convertido en el canal autonómico más denunciado y que más quejas acumula, tal y como señala El diario. Hasta ahora, Telemadrid había ostentado este título desde que Esperanza Aguirre se alzara como presidenta de la Comunidad de Madrid.
Los problemas se acumulan en el ente manchego, que ha sido acusado de falta de sentido deontológico y periodístico, además de generar numerosos conflictos laborales entre sus trabajadores. De la misma forma que ocurre con la autonómica de Madrid, también se enfrenta a una grave crisis de credibilidad.

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El director de la televisión Nacho Villa, por su parte, acumula desde su nombramiento seis sanciones impuestas por diferentes Inspecciones de Trabajo. De hecho, esta misma semana ha sido condenado a la última de ellas por "no cumplir con los deberes de información, no informar a los representantes legales de los trabajadores y continuar con su voluntad de seguir incumpliéndolo". La cuantía a pagar por esto será concretamente de 6.250 euros, a la que hará frente el propio canal, según detalla el citado medio.
Ayuntamientos, asociaciones y trabajadores contra Villa
El Comité de Empresa ha interpuesto ya varias denuncias contra Villa quejándose de sus irregularidades, pero no ha sido únicamente este organismo el que ha decidido tomar cartas en el asunto. También la justicia ordinaria mantiene una denuncia contra el directivo, mientras que el Senado ya le trasladó algunas advertencias.
Diversas asociaciones, así como ayuntamientos gobernados por socialistas, han trasladado sus quejas por el trato recibido por parte de Castilla-La Mancha TV. Es el caso del Consistorio de Toledo, que ha denunciado hasta en dos ocasiones a la televisión regional y su director. Otras localidades como Puertollano, Villacañas, Azuqueca de Henares, Consuegra o Cuenta también permanecen a la espera de querellas contra el ente público.