Televisión Española no volverá a ofrecer más producciones (miniseries o TV movies) basadas en hechos reales que estén todavía sin una resolución judicial. Así de rotundo se mostró este martes el presidente de RTVE, Alberto Oliart ."He dado una directiva de que no se contrate ni se emita ninguna película por TVE mientras no haya una sentencia firme".
El Partido Popular aprovechó la Comisión de Control Parlamentaria para preguntarle al Presidente su opinión sobre 'Operación Malaya' (2.091.000 y 12,4%), TV movie emitida por La 1 de TVE el pasado 14 de enero.
La miniserie producida por Mediapro narra los acontecimientos que desencadenaron el destape de la trama, las detenciones, acusaciones y entrada en prisión de personajes como Julián Muñoz, alcalde de Marbella o Juan Antonio Roca, gerente de urbanismo y principal cerebro.
Alberto Oliart reconoció su disconformidad con este proyecto, aunque el objetivo del proyecto no fuese "crear opinión más allá de lo expuesto en el sumario". Según el Presidente de RTVE, la TV movie se encargó en 2009, cuando todavía no era presidente de la Corporación. "No la considero oportuna, lo digo así de claro. Y si hubiera podido, la hubiera suspendido".
Por su lado, Rafael Hernando, del Partido Popular, lamentó que Televisión Española comprara una película sobre un asunto del que Marbella intentaba pasar página. "Que TVE siga el juego a otras cadenas es muy lamentable".
Críticas desde la Defensa
Por su lado, cabe recordar que los abogados que defienden a los acusados del Caso Malaya criticaron duramente a RTVE por permitir que, durante el transcurso de los juicios, se hubiese planteado sólo exponer la tesis del fiscal.
El ente público RTVE programó la serie coincidiendo con las sesiones de la vista oral del juicio por el caso de corrupción municipal. Según el diario El Mundo, para el espectador ajeno al caso, la trama que se dibuja en la serie no deja de ser la historia de un joven juez intrépido y de unos policías valientes en contra del cristalizado sistema de corruptelas de Marbella, y de las presiones y chanchullos de sus superiores. Para los defensores de los 95 acusados en el juicio, se trata de una imagen distorsionada de los hechos que puede perjudicar gravemente la imagen y los intereses de sus clientes.
