El 25 de febrero de 2013, Albert Fabra y su ejecutivo dieron por cumplida la sentencia por lo que las televisiones pasaron a una situación de alegalidad ya que algunas de ellas continúan emitiendo hasta que se produzca la nueva adjudicación. Esta situación es la que se pretende paliar con el nuevo reparto de las licencias. La Generalitat afirma que se debe modificar la mesa de contratación para la adjudicación de programas de televisión digital terrestre para adaptarla así a la nueva situación.
El Supremo declaró nulas las adjudicaciones
El pasado septiembre de 2012 el Tribunal Supremo declaró nulas las adjudicaciones de 42 canales de TDT de 14 demarcaciones de la Comunidad Valenciana que fueron firmadas por Esteban González Pons en 2006. La anulidad estuvo provocada por dos factores: primero porque la mesa de contratación incumplió su función de valorar las ofertas y después porque no permitió conocer al recurrente las razones por las que su oferta no fue seleccionada.
La adjudicación benefició a medios cercanos al Partido Popular y al empresario José Luis Ulibarri quien se hizo con 13 licencias con las que formó un grupo empresarial llamado Grupo Mediamed. Dicho grupo entró en crisis y salió a concurso coincidiendo con con el Caso Gürtel donde Ulibarri fue imputado.
