El humorista Héctor de Miguel, conocido popularmente como Quequé, fue detenido en la noche del miércoles en Salamanca por agentes de la Policía Nacional después de que pesara sobre él una reclamación judicial procedente de un juzgado de Madrid. Tras pasar la noche en dependencias policiales, el cómico quedó en libertad este jueves después de ser puesto a disposición judicial.
Según ha informado la agencia Efe, citando fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla y León y fuentes judiciales, la detención responde al presunto incumplimiento de una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid. En concreto, no estaría relacionada con la indemnización económica impuesta en esa resolución, ya abonada por el humorista, sino con el cumplimiento de otra de las obligaciones recogidas en el fallo.
Reclamación relacionada con una condena por vulnerar el honor de Alfonso Rojo
La resolución judicial tiene su origen en la condena impuesta a Quequé por la Sección Duodécima de la Audiencia Provincial de Madrid por una intromisión ilegítima en el derecho al honor del periodista Alfonso Rojo. El humorista ya habría abonado los 41.800 euros fijados como indemnización, por lo que ese aspecto de la sentencia estaría cumplido.
Sin embargo, las fuentes judiciales sostienen que no habría atendido correctamente otro de los requerimientos impuestos por la resolución: dar lectura al encabezamiento y al fallo de la sentencia tanto en su programa como en sus perfiles de redes sociales. Ese supuesto incumplimiento habría dado lugar a una investigación por un posible delito de desobediencia y, finalmente, a la reclamación judicial que motivó su detención.
Tras ser trasladado ante el juez, Quequé se acogió a su derecho a no declarar, aunque sí facilitó un domicilio para recibir futuras notificaciones judiciales.
Otra causa abierta con Abogados Cristianos
La detención se produce además en un momento en el que el humorista mantiene abierto otro frente judicial. El pasado mes de marzo, el Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid acordó la apertura de juicio oral contra Quequé por un presunto delito de coacciones contra Polonia Castellanos, presidenta de la asociación Abogados Cristianos.
En ese procedimiento, la Fiscalía solicita para el cómico una pena de dos años de prisión y una indemnización de 6.000 euros por los presuntos perjuicios y daños morales ocasionados. El Ministerio Público considera además responsable civil subsidiaria a la Cadena SER, emisora en la que Quequé realizaba comentarios satíricos sobre Castellanos y la organización que preside.
