La fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, ha propuesto una posible reforma legislativa para que se multe a las cadenas de televisión que atenten contra el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen de los menores de edad sean. Se trataría de una multa económica independiente de la indemnización a la que tuviera derecho el menor afectado por vía judicial.
Segarra ha hecho pública esta propuesta tras "la enorme contestación" que hubo en la sociedad después de que el Ministerio Público pidiera una indemnización de 100.000 euros para Rocío P.G., la menor de Camas (Sevilla) con la que mantuvo una relación sentimental el asesino confeso de Marta del Castillo, por su aparición en varios programas de televisión.
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Con esta propuesta se pretende que cuando se produzca una sentencia condenatoria como consecuencia de que una televisión haya vulnerado los derechos fundamentales de un menor, "además de la indemnización en relación al perjuicio causado", se produzca por parte de los juzgados "el comiso o el establecimiento de una multa" que procedería de los beneficios que la cadena haya obtenido con esa emisión, un dinero que se destinaría al Estado.
Medida para canalizar el enriquecimiento injusto de las cadenas
Según la fiscal jefe de Sevilla ha precisado que la imposición de esta multa "sería una forma de canalizar el enriquecimiento injusto de las televisiones" por la emisión de este tipo de imágenes. Al mismo tiempo, ha recordado que cuando la Fiscalía propuso la indemnización de 100.000 euros para la menor tuvo "una enorme contestación, incluso social", porque "se hablaba de por qué esta menor se iba a enriquecer habiendo consentido esa vulneración".
El dinero recaudado se destinaría a fines benéficos
"Dado que las ganancias son desproporcionadas al perjuicio causado", la Fiscalía tiene claro que nadie debe enriquecerse a costa de sacrificar derechos ajenos de las personas. Por ello, ahora propone esta reforma legislativa tendente a autorizar a los tribunales para que decreten una especie de comiso de las ganancias obtenidas, que se destinarían al Estado para fines benéficos.
"Con ello, se permitiría a los juzgados tener un arma interesante para disuadir intromisiones en los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen" de los menores de edad, según ha dicho María José Segarra.
