El popular periodista y tertuliano político de espacios televisivos como 'Al rojo vivo', 'laSexta noche' o 'El cascabel', Francisco Marhuenda, ha sido citado a declarar como investigado por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. El consejero delegado de La Razón, así como el presidente de dicho medio, Mauricio Casals, han sido imputados este miércoles 19 de abril dentro de la Operación Lezo aunque, según asegura Eldiario, no estarían vinculados con la trama de corrupción que se investiga.

Ambos altos cargos del diario de Grupo Planeta, accionista mayoritario de Atresmedia Corporación, se verán obligados a contestar por supuestas coacciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y su entorno a favor de un consejero del periódico, Edmundo Rodríguez Sobrino, que ha sido detenido por ser el hombre en Latinoamérica del Canal de Isabel II y su proximidad con el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
Supuestamente publicó noticias falsas contra Cifuentes
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Según publica El Español citando fuentes de la investigación, Casals pidió a Marhuenda que presionara a Cifuentes para que no denunciase la corrupción del Canal. De lo contrario, todos los medios del Grupo Atresmedia, entre ellos La Razón, Antena 3 y laSexta, crearían una campaña de desprestigio contra la presidenta madrileña. Las fuentes consultadas por El Español aseguran que Marhuenda incluso confirmó a Edmundo Rodríguez que La Razón estaba publicando noticias falsas para hacer entender a Cifuentes que sus advertencias iban en serio.
El juez del caso ya ha tomado declaraciones a diferentes testigos como Rafael Prieto, director general del Canal de Isabel II; José Crehueras, presidente de Atresmedia y de Planeta; y Marisa González, jefa de gabinete de Cristina Cifuentes. A pesar de no haber comunicado oficial, fuentes jurídicas consultadas por Eldiario informan que han sido preguntados por las supuestas presiones por parte de Casals y Marhuenda. En la tarde de este miércoles 19 de abril, el magistrado y los fiscales se trasladarán a la sede de la Comunidad de Madrid para tomar declaración a la presidenta autonómica, al consejero de la Presidencia y a Ángel Garrido, presidente de la empresa pública.