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Según ha adelantado en exclusiva 20minutos, el conocido como "caso Sálvame" acaba de dar un importante paso adelante en los tribunales. El Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid ha dictado auto de apertura de juicio oral, poniendo fin a una investigación que se ha prolongado durante ocho años y que ahora deberá resolverse en sede judicial.
La resolución supone que el juez considera concluida la fase de instrucción y aprecia indicios suficientes para que los hechos sean enjuiciados. Ahora será durante el juicio cuando se determine si existieron responsabilidades penales en una de las investigaciones más relevantes relacionadas con la prensa del corazón y la televisión en España.
Entre las personas que deberán sentarse en el banquillo figuran el paparazzi Gustavo González; el exdirector de 'Sálvame', David Valldeperas; la coordinadora de invitados Victoria Laseca; el subdirector de 'Sálvame deluxe', Isaac Pulido; el guionista Miguel Menaut; además de la productora La Fábrica de la Tele como persona jurídica. Junto a ellos también serán juzgados los policías Ángel Jesús Fernández Hita e Iván Caveda Valle, así como María Pascual García, esposa de Gustavo González. En cambio, el juez ha acordado no abrir juicio oral contra el también exdirector de 'Sálvame' Alberto Díaz Martínez.
Una investigación iniciada en 2018
De acuerdo con la investigación, el núcleo del procedimiento gira en torno al supuesto acceso ilícito a información reservada, como matrículas de vehículos, domicilios, antecedentes penales o procedimientos judiciales, que posteriormente habrían sido difundidos con fines informativos y económicos.
La Fiscalía atribuye al expolicía Ángel Jesús Fernández Hita el mayor número de delitos, entre ellos múltiples delitos de descubrimiento y revelación de secretos, además de otros relacionados con el acceso y difusión de información reservada aprovechando presuntamente su condición de funcionario.
En el caso de Gustavo González, el Ministerio Público le atribuye diversos delitos de revelación de secretos, algunos de ellos con supuesto ánimo de lucro, al considerar que habría obtenido un beneficio económico mediante la publicación o difusión de esa información. Entre las penas solicitadas figura también la petición de inhabilitación para ejercer como periodista, paparazzi o colaborador de medios de comunicación durante cinco años.
El avance del procedimiento llega apenas dos meses después de que la Fiscalía de Madrid presentara su escrito de acusación provisional. En él, el Ministerio Público solicita para Gustavo González un total de 477 años de prisión, mientras que para el expolicía Ángel Jesús Fernández Hita reclama 555 años y para el agente Iván Caveda Valle, 16 años.
Estas elevadas cifras responden al gran número de delitos que la Fiscalía atribuye a los acusados, al considerar que hubo decenas de accesos ilícitos a información reservada y más de un centenar de presuntos delitos de revelación de secretos. No obstante, el propio Ministerio Público recuerda que, en caso de condena, el tiempo efectivo de cumplimiento de prisión quedaría limitado por la legislación española.
Además de las penas de cárcel, la Fiscalía reclama para Gustavo González una multa superior a 600.000 euros y su inhabilitación durante cinco años para ejercer profesiones relacionadas con el periodismo y la colaboración en medios de comunicación. Asimismo, solicita que tanto él como Fernández Hita respondan, junto con otros acusados, por indemnizaciones que superan los 400.000 euros, considerando a La Fábrica de la Tele responsable civil subsidiaria de parte de esas cantidades.
Tras la apertura de juicio oral, los acusados deberán presentar sus escritos de defensa y depositar las fianzas fijadas para responder de las posibles responsabilidades civiles. Mientras tanto, todos ellos continuarán en libertad provisional hasta la conclusión del juicio.
Concluida la instrucción, el siguiente paso del procedimiento pasa por la Audiencia Provincial de Madrid, que será la encargada de fijar la fecha del juicio. Sin embargo, la magnitud del caso, el elevado número de acusados y perjudicados y la abundante documentación acumulada durante estos años hacen prever que la vista oral no se celebrará a corto plazo y todavía podría tardar en comenzar.
Decenas de famosos aparecen como presuntos perjudicados
El procedimiento recoge a más de 140 personas que habrían resultado afectadas por la supuesta obtención irregular de información privada. Entre ellas figuran numerosos rostros muy conocidos del panorama televisivo y del mundo del espectáculo, como Isabel Pantoja, Kiko Rivera, Irene Rosales, Belén Esteban, Omar Montes, José Ortega Cano, Aída Nízar, Mayte Zaldívar, Álvaro Escassi, Colate Vallejo-Nágera, Diego Matamoros o Anna Allen, entre otros.
Varios de ellos se han personado como acusación particular y reclaman indemnizaciones que, en algunos casos, alcanzan cantidades muy elevadas. Entre las peticiones más destacadas figuran los 800.000 euros reclamados por José Fernando Ortega Mohedano, los 500.000 euros solicitados por Isabel Pantoja o los 100.000 euros reclamados conjuntamente por Kiko Rivera e Irene Rosales.
