La Fiscalía de Madrid ha presentado su escrito de conclusiones provisionales sobre el conocido como 'caso Sálvame', la presunta trama de revelación de secretos en la que varios datos reservados de personajes públicos acabaron siendo difundidos en el desaparecido programa de Telecinco. El Ministerio Público centra ahora su acusación en tres personas: el fotógrafo Gustavo González , para quien reclama 477 años de prisión; el policía Ángel Jesús Fernández Hita, para quien solicita 555 años; y un segundo agente, Iván Caveda, para el que pide 16 años de cárcel.
Las cifras resultan muy elevadas porque la Fiscalía atribuye a Gustavo González 127 delitos de revelación de secretos, mientfras que a Fernández Hita le imputa 142 delitos, al considerar que hubo decenas de afectados y numerosos accesos ilícitos a información personal. Aun así, el propio escrito recuerda que, en caso de condena, la estancia efectiva en prisión estaría limitada por ley al triple de la pena más grave impuesta por cada delito. Eso reduciría el cumplimiento máximo a 15 años para Gustavo González y a 12 años para Fernández Hita.
Además de las penas de cárcel, la Fiscalía reclama para Gustavo González una multa de más de 600.000 euros y su inhabilitación durante cinco años para ejercer profesiones vinculadas al periodismo y la colaboración en medios, incluidas funciones como paparazzi, redactor o guionista. Para Fernández Hita solicita una sanción económica de 62.400 euros. Ambos deberían asumir también más de 400.000 euros en indemnizaciones a los perjudicados. En ese punto, la Fiscalía considera a La Fábrica de la Tele responsable civil subsidiaria de parte de esa cantidad.
El origen del caso
La investigación arrancó en abril de 2017, cuando la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional detectó que Sálvame estaba emitiendo en directo información confidencial procedente de atestados policiales. Una de las primeras alarmas saltó al comprobarse que en televisión se habían difundido datos reservados sobre @José Fernando Ortega Mohedano, hijo de Rocío Jurado y Ortega Cano.
Las pesquisas condujeron hasta Ángel Jesús Fernández Hita, un agente destinado en la Brigada Móvil de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Madrid. Según la Fiscalía, entre 2009 y 2018 aprovechó su acceso a bases de datos policiales para obtener antecedentes, matrículas, domicilios, denuncias y otros datos personales de numerosos famosos. Esa información, añade la acusación, se la facilitaba al paparazzi Gustavo Gonzálezy también a la colaboradora Mila Ximénez , fallecida en 2021.
Cuando Fernández Hita no estaba en su puesto, habría recurrido presuntamente al también agente Iván Caveda para seguir accediendo a información reservada. La Fiscalía sostiene que ambos "accedieron, revelaron y se apoderaron de atestados y otros datos reservados de carácter personal y familiar", siempre con el objetivo de que esa información llegara a terceros.
Decenas de famosos afectados
Al cerrar la instrucción, el juez Marcelino Sexmero llegó a calcular que la presunta trama había accedido a datos reservados de al menos 182 personas. Entre ellas figuran nombres como Isabel Pantoja , Omar Montes , Belén Esteban , Mayte Zaldívar , Julián Muñoz, Coto Matamoros , Arantxa Sánchez Vicario , Alba Carrillo , además de otros cantantes, deportistas, concursantes de 'reality' y personajes televisivos.
En el caso concreto de José Fernando Ortega Mohedano, los investigadores sitúan accesos a sus datos privados en noviembre de 2013 y abril de 2017. Según la investigación, en el domicilio de Gustavo González se llegó a intervenir incluso el atestado en el que el hijo de José Ortega Cano figuraba como detenido, así como imágenes de la reseña policial que tenía almacenadas en su ordenador.
Para la Fiscalía, el paparazzi actuó con la intención de obtener beneficio económico y profesional a partir de esa información, que después utilizaba en el ámbito televisivo y mediático. Por eso, varios de los delitos van agravados por ánimo de lucro.
Qué pasa con la productora y otros trabajadores
Aunque el juez instructor llegó a considerar que podían atribuirse delitos a otros trabajadores del programa e incluso a la productora, la Fiscalía ha optado por limitar su acusación penal a Gustavo González y a los dos policías. En ese sentido, pide el archivo para periodistas como David Valldeperas , para la actriz María Lapiedra y para otros exempleados del programa, al no apreciar base suficiente para mantener la acusación contra ellos.
El magistrado ya había archivado anteriormente la causa contra Óscar Cornejo y Adrián Madrid , máximos responsables de La Fábrica de la Tele, así como contra el exdirector del programa, Alberto Díaz, al no quedar claro que conocieran el origen ilícito de la información. Aun así, la productora se mantiene en la causa como responsable civil subsidiaria.
Un proceso todavía abierto
Con este escrito, la Fiscalía concreta ya su tesis sobre una de las causas más delicadas que han salpicado al antiguo universo de 'Sálvame' . El foco está puesto ahora en determinar si, como sostiene el Ministerio Público, se montó durante años una red de accesos ilegales a bases policiales para alimentar contenidos televisivos sobre famosos.
Las penas solicitadas son de enorme magnitud sobre el papel, aunque la eventual condena efectiva sería mucho menor por los límites legales de cumplimiento. En cualquier caso, el proceso entra ahora en una nueva fase y será el tribunal el que deba decidir hasta dónde llega la responsabilidad penal de cada uno de los acusados.
